El Tribunal Supremo se ha pronunciado: los clubes de cannabis son delictivos cuando reúnen a cientos de personas para fumar marihuana y están abiertos a incorporaciones. Así lo explicó el Alto Tribunal al dar a conocer los argumentos por los que condenó en julio a los responsables de una asociación de cannabis de Vizcaya, que habían sido absueltos por la Audiencia Provincial.

«El cultivo y distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas componentes de una asociación» constituye un delito de tráfico de drogas o contra la salud pública, tipificado en el artículo 368 del Código Penal.

¿Cuál es el límite?

La clave de la doctrina del Supremo, que divulgó ayer los fundamentos jurídicos del fallo desvelado en julio, está en la amplitud de la asociación: si el cultivo compartido de marihuana se realiza entre cientos de personas en una asociación abierta a nuevas incorporaciones puede constituir delito. El Código Penal condena el tráfico de drogas y que se favorezca su consumo.

Aún así, el Supremo especifica cuándo estas asociaciones pueden no ser delicitivas, aunque no sean legales. «El cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones», asegura el fallo judicial.

La sentencia, que condena así a cinco personas vinculadas a un club de Cannabis de Vizcaya, la asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers, de Bilbao, a penas de entre 3 y 8 meses de cárcel. La Audiencia Provincial los absolvió al considerar que los hechos encajaban en el concepto de autoconsumo compartido.

Aún así, la decisión cuenta con el voto particular de tres magistrados, quienes consideran que el tribunal debe precisar con más exactitud cuando estos clubes son legales y cuando no y califican la solución aportada de «insuficiente e insegura». En algunas regiones de España, los parlamentos autonómicos han tratado de legislar para aclarar este marco jurídico, como en Cataluña o Navarra.

Vía l ABC.es